El acceso a una vivienda digna se perfila como uno de los grandes retos del futuro en México y el mundo, especialmente tras la pandemia COVID-19, en la que lo que ya se pronosticaba para el mercado inmobiliario, ocurrió de forma acelerada por el incremento de, entre otros factores, la especulación y la ola de nómadas digitales del norte global que favorecieron el proceso de gentrificación de los centros urbanos del país. Pero la crisis de la vivienda no es nueva en un país donde las políticas públicas existentes no están centradas en el derecho a la vivienda, sino que más bien tenemos políticas inmobiliarias. Y si bien es cierto que décadas atrás existieron grandes proyectos de vivienda social así como políticas públicas centradas en el otorgamiento de créditos públicos, estos han sido insuficientes para cubrir las necesidades de la población. De ahí que se gestaran movimientos urbanos populares y cooperativas de vivienda en la década de los 60s que tomaron fuerza en las décadas subsiguientes, cuyo foco ha estado en la resistencia a proyectos de remodelación y reordenamiento en zonas populares, en las labores de reconstrucción tras el terremoto de 1985, en el acceso a suelo para vivienda y, en los últimos años, en el derecho a la ciudad. En ese contexto nació Yuguelito, un proyecto de vivienda del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFV-I), uno de los grupos que se desprendieron de aquellos movimientos urbanos populares, con una posición política ajena a partidos políticos y el Estado.

Yuguelito es un predio que pasó de ser un vertedero de basura y escombros, a una comunidad autogestiva de alrededor de 2000 habitantes. Se encuentra en el corazón de Iztapalapa, el municipio con mayor población en la Ciudad de México, hogar de decenas de grupos sociales estructuralmente excluidos y desatendidos de la ciudad e, incluso, del país. El FPFV-I, sumando fuerzas con familias en necesidad apremiante de vivienda, limpiaron los escombros y construyeron las primeras viviendas hechas de lámina, cartón y palos. También decidieron organizarse como comunidad para garantizar su seguridad, sobre todo ante las amenazas de desalojo por parte de las autoridades en tanto que el Yuguelito es, estrictamente hablando, un asentamiento irregular y, como tal, está fuera de las normas de Ordenamiento Territorial de la Ciudad. Esta condición de irregularidad, además, trajo consigo un conjunto de desafíos adicionales, como la falta de acceso a oportunidades de empleo y de servicios urbanos.

Por esa razón, la misma comunidad instaló drenaje, tomas de agua y de luz, pavimentó las calles, y reconstruyó las casas con ladrillo y concreto. Continuaron organizándose en comisiones de vigilancia, limpieza y prensa y coordinaciones por calle, quienes organizan faenas en las que la comunidad entera debe involucrarse. Asimismo, tomaban (y aún lo hacen) decisiones colectivas durante las asambleas generales mensuales. A la par, un equipo del FPFV-I se hace cargo de las gestiones ante las autoridades municipales y de la ciudad en lo relativo a la regularización del uso de suelo y el acceso a otros servicios públicos. Este equipo también hace alianzas con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para la implementación de proyectos en la comunidad, que se han traducido en proyectos de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, baños secos, actividades deportivas, biblioteca infantil, farmacia comunitaria, una escuela de guitarra clásica de Kithara Project y más. Sin embargo, para 2023 la mayoría de estos proyectos no existían más. En ese contexto, Accountability Lab llegó a Yuguelito.

Pero, ¿cómo fue que Accountability Lab llegó a Yuguelito?

Supimos de la existencia del Yuguelito por Matthew Rhode, co-fundador de Kithara Project, quien compartía sobre la extraordinaria unión comunitaria, la ejemplar forma en que se organizan y resuelven sus desafíos, y sobre el liderazgo de Rubén Trejo, uno de los fundadores de la comunidad. Posteriormente conectamos con Carmen Franco, una trabajadora social que en 2013, como profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se había acercado al Yuguelito junto con sus alumnos para realizar un diagnóstico social, lo que llevó a la creación de espacios e implementación de proyectos como la escuela de música, la biblioteca infantil y el proyecto de captación de agua de lluvia. Ella fue quien nos abrió las puertas a esta comunidad, con la sorpresa de que Rubén recientemente había fallecido.

Durante nuestra primera visita a la comunidad, supimos que unos meses antes de la partida de Rubén, gran parte de los proyectos antes mencionados habían sido abandonados, y la comunidad próspera que Yuguelito había llegado a ser, ya no existía más–al menos no como antes. Debido a esto, la comunidad exigió un equipo coordinador nuevo, aún bajo la sombrilla del FPFV-I pero ahora liderado por Yolanda Cervantes, quien había sido co-fundadora del Yuguelito junto a Rubén. Yolanda y su equipo central, conformado por Longino, Silvia, Beatriz y Ricardo, nos dieron la bienvenida con apertura y con la esperanza de que, con un programa como CivActs, Accountability Lab podría apoyarles en la reactivación de la comunidad así como de los proyectos que solían tener, que alguna vez habían hecho a Yuguelito florecer. 

Así, todo apuntaba a que nuestro acercamiento al Yuguelito había llegado en el momento correcto: Por un lado, está una comunidad en una crisis interna en la que, además de la necesidad apremiante de resolver el tema de la regularización del uso de suelo y de atender problemas de acceso al agua y otros bienes públicos, sus nuevos liderazgos necesitan reactivar a la comunidad y sus proyectos para lo cual les hace falta claridad sobre lo que la comunidad considera prioritario. Por otro otro lado, una organización (Accountability Lab) con un programa (CivActs) de retroalimentación y diálogo ciudadano centrado en la voz de las comunidades para garantizar el acceso a bienes, servicios y oportunidades desde la perspectiva de la rendición de cuentas y la participación cívica. Sus necesidades coincidieron con nuestra oferta, y así nació oficialmente nuestra colaboración.

CivActs en acción

Durante nuestro primer acercamiento al Yuguelito, el equipo del FPFV-I nos compartió la historia del predio así como los logros y desafíos, pasados y presentes. Unas semanas después volvimos a la comunidad para desarrollar un par de talleres con el objetivo de hacer un mapeo de necesidades, y comprender a profundidad las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos que tienen frente a ellos, así como sus causas y posibles soluciones.

Estas sesiones informaron nuestro plan de trabajo para implementar nuestro programa Civic Action Teams (CivActs), y cerramos este proceso de escucha presentándonos ante la comunidad durante la asamblea general de marzo, en donde convocamos a miembros de la misma comunidad a sumarse a este proyecto.

Así, reclutamos a Angie, Carlos, César, Eriselda, Jan, Jonathan, Juan, Laura, Omar, Stephany y Vanessa, nuestros 11 Agentes Comunitarios de Campo (ACCs), todas personas habitantes del Yuguelito, cuyas edades van de los 19 a los 65 años de edad, algunos estudiantes, algunos empleados, otros desempleados. Pero el otro común denominador de este fantástico equipo es el profundo compromiso y amor por su comunidad y la visión de un Yuguelito próspero, como lo era antes.

En mayo, tras capacitar al equipo de ACCs y preparar los métodos y herramientas para el proceso de retroalimentación comunitaria a través de una encuesta, dimos comienzo a la implementación de la fase CivActs de recolección de información comunitaria.

Nuestras conversaciones y talleres iniciales tanto con el equipo del FPFV-I como de ACCs, nos presentó un panorama general de las preocupaciones y necesidades más apremiantes de la comunidad y lo que potencialmente veríamos reflejado en las encuestas. Sabíamos que, en principio, uno de los grandes desafíos estaría relacionado con el acceso a servicios públicos. Y si bien es cierto que la misma comunidad de forma autogestiva logró implementar algunos de estos, también es cierto que su provisión sigue siendo limitada y precaria por la misma condición de irregularidad. Al final, el acceso a bienes y servicios públicos es un derecho y, como tal, el Estado tendría que ser la entidad garante. Sabíamos también que las necesidades estarían enfocadas en el agua, la contaminación, la inseguridad, la falta de oportunidades económicas y educativas, y la caída de los proyectos y actividades recreativas, deportivas y culturales.

Basándonos en esta información, la encuesta fue eminentemente un ejercicio de priorización colectiva para así dar paso a un proceso de co-creación de un plan de acción con un enfoque en la rendición de cuentas que garantice el acceso a bienes, servicios y oportunidades para el Yuguelito, incluyendo la regularización de sus viviendas y empezando por lo que la comunidad considera prioritario. Así, los habitantes del Yuguelito tendrán la certeza de que ahí donde ellos han hecho un hogar, no les sea despojado, y donde tengan sus derechos garantizados.

Y así, mientras analizamos las más de 250 respuestas a la encuesta y nos preparamos para difundir los resultados y recomendaciones en la comunidad, comenzamos ya a vislumbrar lo posible.

Enlaces recomendados:

– Más información sobre el programa Civic Action Teams (CivActs)

– Sobre CivActs en México en esta publicación en Instagram.

– Conoce más sobre Yuguelito en esta publicación en Instagram.

Ana Lozano