¿Te imaginas tener una idea para mejorar tu colonia y que exista dinero público destinado para hacerla realidad?. En la comunidad del Yuguelito no solo lo imaginaron, lo están haciendo. Tras un mapeo y priorización colectiva de necesidades junto a Accountability Lab, nació un proyecto: Todos juntos por un Yuguelito seguro. Se trataba de un Sendero Seguro que combinaba pavimentación, luminarias, cámaras de vigilancia y alarmas vecinales.

Este proyecto fue una propuesta muy completa y con un respaldo comunitario innegable. En la exploración de vías para hacerlo realidad, nos encontramos con el Presupuesto Participativo como una posibilidad para lograrlo. Este es un instrumento que brinda a todas las personas la posibilidad de acceder a recursos públicos a través de proponer y votar proyectos que mejoren su entorno pero, ¿realmente es para todas las personas?

Este mecanismo existe en la Ciudad de México desde 2011, siendo uno de los modelos más desarrollados del país y referente para otros estados; se destina el 4% del presupuesto de cada una de las 16 alcaldías de la ciudad.

Y, ¿cómo se decide qué proyecto se hace realidad? Por colonia, gana la propuesta con más votos, pero antes pasa por varias etapas. Una de las más centrales es la validación técnica, o sea donde se evalúa el proyecto y se decide si pasa a la votación o no; esa decisión es de un grupo de personas que en conjunto son el Órgano Dictaminador, parte de las personas de este grupo trabajan en las alcaldías y el resto son personas especialistas en temas sociales y urbanos.

El Yuguelito ya había intentado hacer realidad éste y otros proyectos con otros programas públicos pero no tenían éxito. Así, el Presupuesto Participativo se convertía en su última esperanza. Las expectativas eran altas, pero se rompieron pronto y el resultado fue una negativa. Una vez más, el Yuguelito se enfrentaba al rechazo institucional, al cierre de las puertas del Estado.

Este rechazo mostró la innegable la brecha de implementación del mecanismo como parte del corazón del sistema, que resultó en un laberinto de criterios poco claros y de reglas no escritas, pero los sucesos seguían conectados por un argumento: la irregularidad de la comunidad.

Si bien el proyecto de Sendero Seguro había sido rechazado inicialmente por la condición de “asentamiento irregular” de Yuguelito, este resultado dejó entrever una desconexión más profunda: la brecha entre el diseño del mecanismo y su operación real en territorio, lo cual termina dejando fuera a quienes más necesitan ser escuchados, a una población que no ha sido atendida y a la que no se le han garantizado servicios básicos e infraestructura, que históricamente ha sido excluida; y ahora, también de un mecanismo de participación ciudadana.

Estábamos enfrentándonos a un Órgano Dictaminador de la alcaldía con argumentos que carecían de congruencia para determinar la inviabilidad del proyecto, tanto en las sesiones presenciales como en el dictamen final. Aún así, se decidió dar la batalla en la segunda oportunidad de re-dictaminación, pero la negativa no cambió. La dinámica se mantenía: mismo resultado, pero ahora con otros argumentos.

Las letras chiquitas y el criterio invisible, solo para algunos…

Uno de los aspectos más sobresalientes para mostrar esta brecha entre el papel y la implementación en territorio fue el criterio de exclusión por la condición de irregularidad. Quisimos iniciar por lo más sencillo, ¿Yuguelito existía “oficialmente” para el mecanismo? La respuesta es sí, el asentamiento está incluído en la geografía de participación ciudadana oficial, en la colonia El Triángulo. En sentido estricto, eso quiere decir que todxs lxs habitantes de ese lugar tienen el derecho a proponer, votar y ejecutar proyectos con el presupuesto participativo. Sin embargo, cuando alguien del Yuguelito presentaba una propuesta, la respuesta era un “no” en automático por tratarse de un predio irregular. Bajo esa etiqueta se esfumó la posibilidad de cubrir la seguridad, una de las necesidades más apremiantes de la comunidad.

Por estas contradicciones, comenzamos a buscar dónde se establece este criterio de exclusión. Pasamos de revisar la Ley de Participación Ciudadana pero, sin profundizar, se mencionan cinco viabilidades (técnica, jurídica, ambiental, financiera y de impacto comunitario y público). También revisamos la convocatoria emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), institución que organiza la votación de los proyectos, pero no encontramos nada en relación al criterio de exclusión. Sin embargo, hubo un documento que nos compartió una persona dictaminadora de otra alcaldía.

Este documento contiene los criterios para el funcionamiento del Órgano Dictaminador. Estos lineamientos establecen su articulación interna, operativa y de atribuciones (o sea, la forma en la que sesionan, sus órdenes del día, minutas, acuerdos, deliberaciones, obligaciones de cada uno de los roles que lo conforman, etc), pero nos encontramos con algo interesante: únicamente este documento hace mención de los asentamientos irregulares, recomendando a las personas dictaminadoras revisar que la propuesta no se ubique en un lugar de esta condición. Sin embargo este documento no era público, accesible ni difundido entre la población en general. Por ello, quienes proponían proyectos lo hacían sin contar con la información completa,  incluso después de la aprobación o rechazo de su propuesta. Eso por una parte; por otra, el órgano dictaminador estaba partiendo de criterios internos y poco públicos provenientes de un lineamiento administrativo que no está por encima de la Ley de Participación, la cual no establece la condición de irregularidad como un criterio de exclusión.

Transformando el rechazo en estrategia

Esto fue apenas el punto de partida de un análisis más profundo a la normativa del presupuesto participativo. En este contexto, nos encontramos con diferentes irregularidades pero también con nuevos horizontes de mejora, no sólo para la comunidad sino también para el mecanismo. Esto ya no se trataba únicamente del proyecto de sendero seguro, ahora estábamos hablando de cómo el derecho a la participación ciudadana no está garantizado para todas las personas, de cómo las barreras estructurales siguen excluyendo a las mismas comunidades y vulnerando sus derechos en diferentes dimensiones.

Derivado de estos hallazgos y partiendo del caso Yuguelito es que diseñamos una estrategia de incidencia y visibilización de las barreras estructurales y la brecha que existe entre el diseño e implementación de instrumentos como éste, los cuales limitan el acceso a derechos que, a su vez, se conectan con la lucha por el derecho a la vivienda que el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFV-I) había enraizado su lucha desde tiempo atrás.

De la estrategia nacieron líneas de acción que potenciaron el trabajo de Accountability Lab México: 

Primeramente, la elaboración de un documental a través del cual se abriera una conversación más amplia, a partir del caso Yuguelito, sobre cómo y qué hace falta para garantizar el ejercicio efectivo, no sólo del derecho a la participación, sino también a la vivienda y a la ciudad en contextos de las periferias urbanas, mostrando a su vez la potencia de la organización comunitaria.

Por otra parte, las acciones de incidencia con tomadores de decisiones en la materia y con las instituciones encargadas de operar el mecanismo. En este caso, sostuvimos reuniones con las consejeras del IECM, donde planteamos diferentes aristas de colaboración para mejorar y fortalecer no sólo al mecanismo, sino a la participación en la ciudad. Además, compartimos con ellxs un diagnóstico territorial del caso Yuguelito, que también integró observaciones y recomendaciones para la implementación del presupuesto participativo.

El camino que sigue

Sin embargo, estas son acciones que continúan sumando a la conversación. Esta coyuntura debe impulsarnos a seguir cuestionando de manera crítica la opacidad en la información y el acceso a ésta para poder hacer efectivos nuestros derechos. Es necesario dejar de ignorar los nudos del sistema, pues hacerlo únicamente los aprieta más. Hay que enfrentar cuáles son, encontrar el hilo y empezar a desenredarlos para construir algo mejor.

Resulta irónico que Yuguelito siendo una comunidad autogestiva y un ejemplo de organización y participación, quede fuera de un instrumento que busca que todxs participen. Presentar un proyecto respaldado por un diagnóstico real no fue suficiente para un sistema que presume participación e inclusión, pero que en la práctica excluye.

A pesar de ser un mecanismo con 15 años de trayectoria, no es perfecto. Debemos tener claro que existe una corresponsabilidad entre autoridades, tomadores de decisiones, ciudadanxs de a pie y sociedad civil organizada para transitar a mecanismos que incluyan de manera efectiva, que contemplen las complejidades de los territorios como los asentamientos irregulares y las periferias de la ciudad que viven la participación desde otras condiciones. Al mismo tiempo, manteniendo la transparencia y rendición de cuentas, pero tomando en cuenta que sin el factor de la voluntad política para llevar a cabo los cambios que se requieren, el camino se puede tornar aún más difícil.

Y ahora, ¿qué nos queda por hacer? No rendirnos. Necesitamos que la forma en que el mecanismo funciona deje de ser un misterio para la ciudadanía en general, ya que lleva más de una década implementándose y los niveles de participación continúan muy bajos. Seamos realistas: no es porque a las personas no les interese mejorar el lugar donde viven. Entre otros motivos, también se trata de que participar sigue siendo difícil, y la información aún es poco accesible y comprensible. Por ello, exigir criterios más claros, públicos y de fácil acceso sólo es el inicio. Debemos luchar por un sistema que hable el mismo lenguaje que las personas y que simplifique el ejercicio de la participación institucionalizada. Pero también necesitamos funcionarios en las alcaldías con la capacidad de orientar con sensibilidad y visión de justicia territorial.

Sigamos haciendo comunidad, organizándonos y caminemos hacía la mejora de todos aquellos espacios donde podemos transformar nuestras realidades y garantizar nuestros derechos.

Enlaces relacionados:

• Échale un ojo al trailer de Del Papel al Territorio, nuestro minidocumental sobre Yuguelito.
• Encuentra más información sobre qué es el Presupuesto Participativo, y sus etapas. 
• Aquí una síntesis de nuestras recomendaciones para el fortalecimiento del Presupuesto Participativo.
• Conoce nuestro trabajo implementando en Yuguelito el primer piloto en México del programa CivActs aquí (parte 1) y aquí (parte 2).

Más información sobre el programa CivActs.

Karla Luna